Un tribunal de Shenzhen ha sentenciado a Xu Jiayin, fundador del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande, a cadena perpetua y a la confiscación total de su patrimonio. La corte le declaró culpable de múltiples delitos económicos, entre ellos falsificación de información financiera, emisión fraudulenta de valores, sobornos y desfalco. La sentencia incluye además sanciones millonarias para el conglomerado y penas de cárcel para varios exdirectivos, según informa El Confidencial.
El tribunal de la metrópolis suroriental de China impuso multas de 8.820 millones de yuanes (aproximadamente 1.122 millones de euros) a Evergrande Group y 7.000 millones de yuanes (891 millones de euros) a su principal filial, Evergrande Real Estate. El fallo incluyó penas de entre seis y dieciocho años de prisión para otros cinco altos ejecutivos, entre ellos Zhen Litao, expresidente de Evergrande Real Estate, y Ke Peng, exconsejero delegado de Evergrande Group. En total se dictaron 56 sentencias relacionadas con la causa, con condenas que arrancan en un año y diez meses.
Fraude continuado y a gran escala
Según la televisión estatal china CCTV, entre 2016 y 2021 Evergrande Group, Evergrande Real Estate y Xu Jiayin «vulneraron la legislación nacional y, mediante una falsificación financiera continuada y a gran escala, inflaron activos y ocultaron pasivos». El tribunal documentó que la promotora incurrió en captación ilegal de depósitos públicos, financiación fraudulenta, emisión engañosa de valores y divulgación irregular de información financiera.
La sentencia establece que Evergrande y su fundador «obtuvieron el control de entidades financieras mediante sobornos y otros medios», «desviaron de forma ilícita fondos crediticios y de seguros para el uso de Evergrande» y perpetraron «delitos de soborno corporativo, concesión ilegal de préstamos y utilización indebida de fondos». La Justicia concluyó además que Xu Jiayin «abusó de su posición como presidente de Evergrande Real Estate para orquestar fraudes contables y apropiarse de bienes corporativos bajo la cobertura de repartos de dividendos».
Delitos de magnitud excepcional
El comunicado oficial del tribunal subrayó la gravedad de los hechos: «Estas conductas delictivas han perturbado gravemente el orden de la economía de mercado socialista, lesionado derechos de propiedad públicos y privados y atentado contra la integridad de los funcionarios. Dado el volumen delictivo especialmente elevado, las circunstancias particularmente graves y las pérdidas económicas de gran envergadura, corresponde imponer castigos severos».
Xu Jiayin, que llegó a encabezar la lista de grandes fortunas de China y permanecía bajo arresto domiciliario desde finales de 2023, se declaró culpable en abril de los cargos que pesaban sobre él y manifestó su «arrepentimiento». La corte ordenó igualmente recuperar las ganancias ilícitas y estableció que, si estas no alcanzan para resarcir los daños, los condenados deberán indemnizar por la diferencia.
El colapso de Evergrande y la crisis inmobiliaria china
Con un pasivo cercano a los 330.000 millones de dólares, Evergrande cayó en impago en 2021 tras una crisis de liquidez derivada de las restricciones de Pekín a las promotoras más apalancadas, lo que dio paso a la intervención de las autoridades. Desde entonces, el grupo se convirtió en el emblema de la prolongada crisis inmobiliaria que atraviesa China desde inicios de la década. En enero de 2024, un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de la promotora en beneficio de sus acreedores extraterritoriales, abriendo un proceso complejo e incierto ante la incógnita de su reconocimiento en la China continental, donde se concentra la mayoría de sus activos y rige un sistema judicial separado del hongkonés.
Las autoridades chinas sancionaron además a la principal filial del grupo con unos 578 millones de dólares por inflar más de 78.000 millones en ingresos y 12.700 millones en beneficios, un escándalo que superó en magnitud al de Enron en 2001. La investigación derivó también en otra penalización y en la suspensión temporal de la consultora PwC por su labor de auditoría.
El fallo subraya la determinación de las autoridades chinas de imponer castigos ejemplares en casos de fraude corporativo de gran escala, especialmente en el sector inmobiliario, clave para la estabilidad económica del país. A la lectura del fallo asistieron diputados de la Asamblea Nacional Popular (ANP) y miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), subrayando la magnitud y la repercusión nacional del caso.
