El sector público institucional estatal sigue sin aprobar en materia de transparencia. El índice medio de cumplimiento se sitúa en el 47,1%, según revela el último informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha evaluado los portales de transparencia de 153 entidades estatales.
El análisis, publicado por Expansión, abarca organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas y mutuas. El objetivo es comprobar si estas instituciones publican en sus portales web la información obligatoria: normativa aplicable, presupuestos, contratos, datos sobre responsables, su formación, experiencia y retribuciones.
Bajo nivel de aplicación de recomendaciones
El Consejo de Transparencia realizó 2.916 recomendaciones a estas entidades en 2025. Solo se han aplicado 830, lo que representa un 28,4% del total. La falta de publicación de información obligatoria y la ausencia de referencias sobre el grado de actualización de los datos son los principales factores que explican el bajo cumplimiento global.
Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, junto con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, alcanzan el índice más elevado con un 82,5%. Las sociedades mercantiles registran un 38,04%, mientras que las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia solo llegan al 20,39%.
Entidades destacadas y suspensas
Solo dos entidades logran el 100% de cumplimiento: el Boletín Oficial del Estado (BOE) y Palencia Alta Velocidad. Con el 99% les siguen las mutuas MAZ y Mutualia, Murcia Alta Velocidad y Zaragoza Alta Velocidad 2002. Por encima del 90% aparecen la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), el Centro Universitario de la Defensa de la Escuela Naval Militar de Marín y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
En el extremo opuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social figura entre las más incumplidoras con apenas un 11,8%. El Consorcio del Museo Militar de Menorca cierra la tabla con un incumplimiento del 97%. La Real Fábrica de Tapices alcanza solo el 7,8% y la Obra Pía de los Santos Lugares el 4,1%.
Organismos como el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) se sitúan justo en el 50%. ADIF-Alta Velocidad, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSE), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) superan ligeramente el 50%.
Exhortación al cumplimiento legal
El Consejo de Transparencia recuerda que se trata de obligaciones legales vinculantes vigentes desde 2014 y exhorta a las entidades incumplidoras a publicar sin dilación la información íntegra, actualizada, fácilmente localizable y en formato reutilizable. «Se trata de una mejora reseñable pero no suficiente», señala el organismo, que proporciona recomendaciones específicas para facilitar el cumplimiento.
Trece años después de la aprobación de la ley, la dispersión en el nivel de cumplimiento sigue siendo notable, con incrementos que oscilan entre los 15,98 y los 68,7 puntos porcentuales según la tipología de entidad. La persistencia de una parte «demasiado amplia» de organismos que incumplen la norma refleja los retos pendientes en la transparencia del sector público español.
