La reforma del subsidio especial por desempleo aprobada en 2019, que redujo la edad de acceso de 55 a 52 años, generará un impacto presupuestario de 9.456 millones de euros adicionales en futuras pensiones de jubilación, según cálculos del think tank económico Fedea. Esta factura se suma a los 8.480 millones en cuotas sociales no recaudadas, elevando el coste consolidado para la Seguridad Social hasta los 17.935 millones.
El número de beneficiarios de esta prestación no contributiva ha experimentado un crecimiento del 75% desde la reforma, alcanzando 466.077 perceptores en julio de 2026, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publicados por Expansión. Este incremento se explica tanto por la ampliación de la franja de edad como por los cambios en el esquema de cotización.
Cotización al 125% del SMI y su impacto en pensiones futuras
Uno de los cambios clave introducidos por el Gobierno fue elevar la cotización que el SEPE realiza a la Seguridad Social del 100% al 125% del salario mínimo interprofesional. En 2026, esto equivale a una cotización anual de 20.383 euros frente a los 16.306 euros del esquema anterior.
Según las proyecciones de Fedea, esta sobrecotización incrementa la base reguladora individual un 4,73%, pasando de 27.605 a 28.910 euros. Aplicando una tasa media de reposición del 77,3% —correspondiente a 25,8 años de cotización según el Ageing Report 2024—, la pensión inicial anual alcanza los 22.347 euros, 1.008 euros más por perceptor al año.
Proyectado a lo largo de una esperanza de vida media tras la jubilación de 21,68 años, cada pensionista percibirá un total acumulado de 484.490 euros, frente a los 462.629 euros del escenario previo a la reforma. Esta diferencia de 21.861 euros adicionales por persona se multiplica por el colectivo estimado de beneficiarios entre 2019 y 2030, generando el sobrecoste de 9.456 millones.
Pérdida de ingresos por cuotas no recaudadas
Junto al mayor gasto en pensiones, la Seguridad Social asume una merma de ingresos cifrada en 8.479,5 millones de euros por las cuotas sociales que el sistema deja de percibir. Estas cotizaciones no recaudadas se calculan aplicando un tipo del 28,8% sobre el salario mínimo que hubieran generado los beneficiarios en el mercado laboral.
Los autores del análisis advierten que el coste final dependerá del tiempo efectivo que los beneficiarios permanezcan en el esquema asistencial. Por cada año adicional por encima de los ocho años contemplados en el escenario base, el coste para la Seguridad Social aumentará en más de 1.900 millones anuales (848 millones en mayor gasto de pensiones y 1.060 millones en cuotas no ingresadas).
Si la prestación se agotase durante un periodo de 12 años —el máximo teórico desde los 52 hasta los 64 años, antes de la edad legal de jubilación—, el coste total rozaría los 22.900 millones de euros.
Desembolso directo del SEPE
A estos costes estructurales se añade el desembolso directo que financia el SEPE para el pago de la propia ayuda asistencial, que en 2026 alcanza una cuantía de 480 euros mensuales (equivalente al 80% del IPREM). Según las proyecciones, este gasto acumulado supondrá 15.877 millones de euros entre 2019 y 2030.
La reforma de 2019 también permitió que los beneficiarios puedan cobrar el subsidio hasta llegar a la edad legal de jubilación, que a partir de 2027 será de 67 años. Esto implica una ventana potencial de quince años percibiendo la prestación para quienes accedan a los 52 años.
El estudio de Fedea proyecta que habrá 432.520 perceptores anuales durante la ventana 2019-2030 en un escenario conservador, que contempla una permanencia media de ocho años percibiendo el subsidio y combina 17 años de cotización al salario medio nacional (32.923 euros anuales) con el periodo en el que se percibe la ayuda.
