El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, defendió este viernes que el gran desafío de los próximos años consiste en acelerar todos los procesos de inclusión social de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, reclamó una inteligencia artificial ética, regulada y libre de sesgos que elimine barreras en lugar de perpetuar desigualdades existentes, según información publicada por El Confidencial.
En declaraciones a Servimedia, Pérez Bueno advirtió que, pese a los avances registrados en las últimas décadas, queda un largo camino para alcanzar una igualdad efectiva de oportunidades y evitar posibles retrocesos en derechos ya conquistados. El presidente del Cermi alertó de que la sociedad vive instalada en la idea de que el progreso es irreversible, cuando la historia demuestra que también pueden producirse retrocesos. «A veces estamos instalados en la visión de que todo va hacia adelante, pero también puede ir hacia atrás», afirmó, subrayando que la prioridad debe ser consolidar los derechos ya conquistados.
Empleo: crecimiento histórico pero ritmo insuficiente
Pérez Bueno destacó como dato esperanzador el crecimiento continuado del empleo entre personas con discapacidad, que ha alcanzado su máximo histórico según el Instituto Nacional de Estadística (INE). «Nunca ha habido tantas personas con discapacidad trabajando como ahora», señaló, al considerar que se trata de una evolución positiva que confirma que las políticas de inclusión están dando resultados.
Sin embargo, matizó que el avance continúa siendo demasiado lento. Recordó que cerca del 40% de la población activa con discapacidad permanece fuera del mercado laboral y advirtió de que, manteniendo el ritmo actual de crecimiento, serían necesarios alrededor de cuatro décadas para equiparar las tasas de empleo con las de la población sin discapacidad. «Estamos mejorando, pero necesitaríamos 40 años para ponernos al día», lamentó.
Por ello, defendió intensificar todas las políticas de inclusión en ámbitos como empleo, educación, vivienda, accesibilidad, participación social, protección social y visibilidad pública de las personas con discapacidad. El objetivo, según explicó, es «que dentro de una o dos generaciones la discapacidad deje de suponer una situación de desventaja estructural».
Inteligencia artificial: oportunidad con riesgos
El presidente del Cermi analizó también el impacto de la inteligencia artificial en la vida de las personas con discapacidad, reconociendo que el movimiento asociativo afronta esta revolución tecnológica con esperanza, aunque también con prudencia. Explicó que las nuevas tecnologías pueden convertirse en una poderosa aliada para la inclusión, al compensar limitaciones funcionales y abrir oportunidades que hasta hace pocos años resultaban impensables.
La automatización y las herramientas de IA pueden reducir el peso de las limitaciones físicas en ámbitos como empleo, educación o comunicación, favoreciendo una participación mucho más plena de las personas con discapacidad. No obstante, advirtió de que la inteligencia artificial también presenta importantes riesgos si se desarrolla a partir de datos que históricamente han invisibilizado o discriminado a las personas con discapacidad.
«La inteligencia artificial nace sin haber tenido en cuenta la discapacidad», denunció. Explicó que estos sistemas aprenden de bases de datos construidas sobre una realidad en la que la discapacidad apenas ha estado representada o lo ha estado mediante estereotipos, lo que puede provocar que los algoritmos reproduzcan automáticamente esas mismas desigualdades. «Cuando recoge datos sobre discapacidad, muchas veces son datos sesgados o estereotipados», afirmó.
En este sentido, el problema no es exclusivo de España. Recientemente, equipos de Google crearon formularios alternativos por temor a errores de su IA en contratación, evidenciando las preocupaciones globales sobre sesgos algorítmicos en procesos de selección de personal.
Por ello, Pérez Bueno reclamó que el desarrollo tecnológico incorpore desde el inicio la participación de las propias personas con discapacidad y tenga en cuenta sus necesidades reales, evitando que las soluciones tecnológicas se diseñen sin su intervención.
Regulación y supervisión institucional
Frente a estos riesgos, el presidente del Cermi defendió una combinación de innovación, regulación y supervisión institucional. «Siempre tiene que haber una regulación y un garante último», afirmó, recordando que la Unión Europea ya cuenta con una normativa específica sobre inteligencia artificial, en cuya elaboración participaron tanto el Cermi como el Foro Europeo de la Discapacidad.
Explicó que el movimiento de la discapacidad continúa trabajando con las instituciones comunitarias para mejorar la legislación conforme evolucionan estas tecnologías, dado que «la evolución de la inteligencia artificial es absolutamente vertiginosa». El Cermi ha sido seleccionado por la Unión Europea para formar parte de los órganos de asesoramiento sobre inteligencia artificial, desde los que contribuirá a incorporar la perspectiva de la discapacidad en el desarrollo de futuras normas.
Pérez Bueno defendió, finalmente, que la innovación tecnológica debe ir acompañada siempre de principios éticos, control democrático y garantías jurídicas para impedir que la inteligencia artificial genere nuevas formas de discriminación. «Sí a la innovación, pero también sí a la regulación y a que las instituciones garanticen que estas tecnologías respeten plenamente los derechos de las personas con discapacidad», concluyó.
