España ha alcanzado uno de los hitos más importantes de su reciente historia económica: la tasa de paro ha caído por debajo del umbral psicológico del 10% en términos desestacionalizados, situando el número de desempleados registrados en 3,1 millones según los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre de 2026. Es la cifra más baja en dos décadas y un indicador que los economistas llevan años apuntando como objetivo estructural del mercado laboral español.
Un mercado laboral que resiste las turbulencias globales
Lo notable del dato no es solo la cifra en sí, sino el contexto en que se produce. La economía global atraviesa un periodo de incertidumbre marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados de materias primas y una política monetaria que sigue siendo más restrictiva que en los años prepandemia. En ese entorno, la capacidad del mercado laboral español para seguir generando empleo neto resulta significativa.
Los sectores que más empleo han creado en el periodo son los servicios, con el turismo y la hostelería a la cabeza, seguidos de la construcción —impulsada por obra pública y vivienda asequible— y los servicios tecnológicos y de consultoría. La economía verde también empieza a dejar huella en los datos: la instalación de renovables y los proyectos de eficiencia energética han generado miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
La reforma laboral y sus efectos acumulados
La reforma del mercado de trabajo aprobada en 2021 sigue mostrando sus efectos tres años después. La reducción de la temporalidad ha sido el cambio más visible: la contratación indefinida supone ya más del 60% del total de contratos firmados mensualmente, frente al 10-15% que representaba antes de la reforma. Esta transformación estructural tiene implicaciones positivas para la calidad del empleo, la productividad y el consumo privado.
Los convenios colectivos han ganado relevancia como mecanismo de fijación salarial, y la actualización de salarios en muchos sectores ha superado la inflación en los últimos dos años, lo que ha contribuido a recuperar poder adquisitivo perdido durante el ciclo inflacionario de 2022-2023.
El persistente problema del paro juvenil
El dato positivo tiene una sombra que los analistas no dejan de señalar: la tasa de desempleo juvenil, la que afecta a menores de 25 años, sigue siendo la más alta de la Unión Europea, con niveles que triplican la media nacional. Este desequilibrio estructural tiene raíces profundas: la brecha entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral, la escasez de programas de formación dual efectivos y la dificultad de acceder al primer empleo de calidad sin experiencia previa.
Reducir el paro juvenil es una de las prioridades del Plan de Empleo Juvenil que el Gobierno ha activado con fondos europeos del Next Generation EU. Los programas de formación en competencias digitales y la colaboración entre universidades y empresas tecnológicas son algunos de los ejes sobre los que se trabaja para acercar a los jóvenes al mercado laboral.
Perspectivas para el segundo semestre
Las previsiones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Banco de España apuntan a que el ritmo de creación de empleo podría moderarse ligeramente en el segundo semestre, condicionado por la estacionalidad del turismo y la incertidumbre en la demanda externa. Sin embargo, el consenso de los analistas descarta un deterioro significativo y sitúa la tasa de paro a cierre de año entre el 10% y el 10,5%.
Para muchos economistas, el verdadero reto no está ya en reducir el número de parados, sino en mejorar la calidad del empleo creado: más formación, mayores salarios, menor precariedad y una distribución más equitativa de las oportunidades laborales a lo largo del territorio. En esa transformación más profunda, el camino todavía es largo.